La constitución en su art. 103 lo
deja claro: ”La Administración Pública
sirve (eso debiera) con objetividad
los intereses generales” y la corrupción pública es todo lo contrario: el uso de potestades públicas para fines de interés particular.
La corrupción pública enmarca cinco
aspectos: legal, económico y político, humanitario y ético.; por ello en toda
corrupción política se viola una
norma generalmente penal y también administrativa porque incide negativamente
en la economía y en el bienestar de los pueblos. España hoy se enfila por esa
senda. Casi nadie medianamente informado ignora
que un tercio largo de la deuda del Tercer Mundo
fue a parar a los bolsillos latrónicos
de políticos y funcionarios corruptos que siempre, frenando el progreso y desarrollo de los
pueblos, desestabilizando el sistema político. Y, lo que es su consecuencia más
grave, constituye una violación de los derechos humanos y aún peor, destruye la integridad moral de la gente y
acaba con los principios fundamentales consuetudinarios como es un ejemplo cristalino
la España de hoy.
Qué decir de los países cuyos gobiernos, como el de España actual, está
(y pueden estarlo bajo el poder de
demagogos chiquilindonguis a la bolivariana) en manos
de personas sin luces y no formadas ni
técnica ni intelectualmente, que no saben distinguir lo que conviene a un país,
una región o un pueblo y non han dado un golpe en su vida y si algo han leído
es a Estefanía o la vida y aventuras del
Vivillo o, Pasos largos.
